La formación profesional subvencionada en las empresas

23 09 2008

El  RD 395/2007 prevé tres modalidades (o “iniciativas”, según su art. 4) de formación profesional:

  • formación de demanda, que comprende las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación (NUESTRO CASO);
  • formación de oferta, dirigida tanto a ocupados como desempleados, y que persigue la obtención de mejor cualificación y, en su caso, de certificados de profesionalidad, y
  • formación en alternancia, que se lleva a cabo mediante un proceso mixto de formación y empleo. Esta formación en alternancia tiene su principal campo de juego en los contratos para la formación y en los programas públicos de empleo-formación (escuelas taller y casas de oficios, talleres de empleo, etc.), y tiene por objeto la combinación de formación teórica y aplicación práctica de conocimientos (arts. 27 y 28  RD 395/2007).

La formación profesional de demanda

La formación profesional de demanda abarca las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación financiados total o parcialmente con fondos públicos, para responder a las necesidades específicas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores [art. 4.a) RD 395/2007]. El desarrollo reglamentario de esta modalidad de formación se encuentra en la O. 2307/2007, de 27 de julio, que implanta, además, un sistema telemático en el Servicio Público de Empleo Estatal, para facilitar a las empresas y entidades organizadoras de las acciones formativas el acceso a la información, la aplicación de las bonificaciones y, en particular, las comunicaciones de inicio y finalización de dichas acciones.

Esta modalidad de formación se dirige a asalariados que presten servicios en empresas o en entidades públicas que carezcan de acuerdo de formación específico, y concede preferencia a los siguientes grupos de trabajadores [art. 5.3.b) RD 395/2007 y art. 7 O. 2307/2007]:

  • trabajadores de pequeñas y medianas empresas. A tal fin, se prevén medidas de estímulo para que las PYMES oferten esta clase de iniciativas (art. 19 RD 395/2007).
  • mujeres
  • afectados y víctimas del terrorismo
  • afectados y víctimas de la violencia de género
  • mayores de 45 años
  • trabajadores con baja cualificación
  • personas con discapacidad.
  • cuidadores no profesionales de personas dependientes.

Pueden participar en estas acciones tanto trabajadores en activo como trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación, trabajadores que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo, o trabajadores acogidos a regulación de empleo durante sus períodos de suspensión de empleo por expediente autorizado [art. 5.a) RD 395/2007 y art. 6 O. 2307/2007].

Tratándose de formación profesional dirigida a trabajadores, se impone a la empresa el deber de informar de todas las acciones formativas a los representantes legales de los trabajadores, so pena de perder el derecho a que la Administración colabore en la financiación de esas acciones. En realidad, más que un trámite de información es un verdadero proceso de participación, pues se prevé un mecanismo de resolución de discrepancias si la representación legal de los trabajadores no está conforme con el contenido de la acción propuesta por la empresa, siendo competente para su conocimiento la comisión paritaria o, en su defecto, la Administración pública competente. La formación no podría comenzar hasta concluido dicho trámite. En ausencia de representación legal, es necesaria la conformidad de los propios trabajadores (art. 15 RD 395/2007 y art. 16 O. 2307/2007).

La formación de demanda está integrada por las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación (art. 12.1 RD 395/2007). Las acciones formativas de las empresas deben estar relacionadas con su actividad, y pueden referirse a conocimientos no estrictamente vinculados al puesto de trabajo que desempeña el trabajador (formación general), o puede tratarse de un perfeccionamiento profesional ligado a un concreto puesto y normalmente no transferibles a otras empresas o a otros ámbitos laborales (formación específica). Los permisos individuales de formación, que deben solicitar los propios trabajadores, implican la autorización de la empresa para que el trabajador realice una acción formativa que esté reconocida mediante una acreditación oficial con el fin de favorecer su desarrollo profesional y personal. La eventual denegación requiere que la empresa acredite razones organizativas o de producción.

Estas acciones se costean a través de un sistema de cofinanciación, pues, por un lado, las empresas deben aportar una determinada cantidad en función de su tamaño, y, por otro, se benefician de un sistema de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social mediante el que se hace efectivo un «crédito para la formación» que se obtiene aplicando a la cuantía ingresada por la empresa durante el año anterior por el concepto de cuota de formación profesional el porcentaje de bonificación establecido en la Ley de Presupuesto Generales del Estado en función del tamaño de la empresa (arts. 13 y 14 RD 395/2007 y art. 11 O. 2307/2007).

Para el ejercicio presupuestario del 2008 el porcentaje de bonificación establecido es (DA. 26 Ley 51/2007, de 26 diciembre):

  • el 50 %, en empresas de 250 o más trabajadores
  • el 60 %, en empresas de 50 a 249 trabajadores
  • el 75 %, en empresas de 10 a 49 trabajadores
  • el 100% en empresas de 6 a 9 trabajadores
  • en las empresas de menos de 6 trabajadores, disponen de un crédito de bonificación de 420 € por empresas con un alcance temporal distinto según el número de plantilla. Así en empresas de 3 a 5 trabajadores el citado crédito se asigna con carácter anual y para empresas de 1 a 2 trabajadores el crédito se asigna para un período de 3 y 2 años respectivamente.

Así, la aportación privada que debe realizar cada empresa consiste en la diferencia entre el coste total de la formación (gastos sufragados por la empresa para la formación de sus trabajadores) y la bonificación que se aplica, con los porcentajes mínimos establecidos en el art. 14 O. 2307/2007. Los costes que cabe tener en cuenta están detallados en el art. 13 de la citada orden y son de tres tipos:

  1. costes directos de la impartición;
  2. costes asociados o de organización; y
  3. costes de personal en los que se incluyen las retribuciones salariales de los trabajadores correspondientes a las horas de formación en jornada laboral.

La bonificación en caso de acciones promovidas por las empresas tiene carácter anual, y puede aplicarse a partir de la comunicación de la finalización de la formación; el plazo concluye el último día hábil para poder presentar el boletín de cotización correspondiente al mes de diciembre del correspondiente ejercicio económico. Respecto de los permisos individuales de formación, las empresas podrán aplicarse las correspondientes bonificaciones a medida que abonen los salarios a los trabajadores que disfruten dichos permisos. La aplicación indebida o fraudulenta de las bonificaciones propiciará la reclamación administrativa mediante acta de liquidación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 17 RD 395/2007 y art. 31 O. 2307/2007).

Las empresas –individual o colectivamente mediante agrupaciones de empresas- podrán organizar y gestionar la formación de sus trabajadores por sí mismas, o bien contratar su ejecución con centros o entidades especializadas. En este último caso, los citados centros o entidades deberán asumir, al menos, la coordinación de las acciones formativas, no pudiendo delegar ni contratar con terceros el desarrollo de dicha coordinación. La responsabilidad de la ejecución de acciones bonificadas recae en la empresa (art. 16 RD 395/2007 y art. 17 O. 2307/2007).

La empresas o entidades organizadoras de la formación vienen obligadas a comunicar a la Administración competente a través del sistema telemático implantado en el Servicio Público de Empleo Estatal tanto el inicio (con 7 días naturales de antelación a la fecha de comienzo de cada grupo de formación), como la finalización de las acciones formativas y las modificaciones de datos que afecten a la cancelación de grupos o cambios de horario, fecha y localidad relativas a su impartición (en este caso, con una antelación de 4 días). La falta de comunicación en los plazos previstos implicará que se considere como «no realizado» el grupo de formación, imposibilitando la aplicación de la bonificación en las cotizaciones sociales, excepto que sea debidamente justificado dicho incumplimiento (arts. 18 y 19 O. 2307/2007).

Esta formación a cargo de las empresas puede ser objeto de regulación en los acuerdos y convenios colectivos. Según el Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva de 2007, la negociación colectiva debe fijar las iniciativas de formación en función de las necesidades del sector y de la empresa, los itinerarios formativos con su correspondiente acreditación y los colectivos prioritarios por su mayor riesgo de perder el empleo y o su menor cualificación, y debe ocuparse de la formación teórica en los contratos para la formación, de los derechos y obligaciones de los trabajadores en este terreno, de las facilidades para la aplicación de las bonificaciones de las empresas y para el disfrute de los permisos individuales de formación, de la asistencia a la formación, su aprovechamiento y el tiempo en que se realiza, de la calidad y evaluación de la formación, de la acreditación en su caso de la competencia profesional, y de la relación de la formación con la clasificación, la movilidad, la promoción y la planificación de carreras.

En este contexto, algunos convenios colectivos dedican un capítulo específico a estas acciones de formación, en el que se prevé la organización de cursos de formación y perfeccionamiento del personal con carácter gratuito, e incluso cursos específicos de formación profesional para colectivos concretos.

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8 10 2008
En tiempos de crisis hay que estar preparados | Emilio Márquez

[…] fralpz.wordpress.com La formación profesional cuenta con subvenciones para ayudar a las empresas. […]

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