Por qué un Derecho del Trabajo

17 08 2008

La relación entre trabajador y empresario consiste en un intercambio entre fuerza de trabajo y salario, que desde la época de la industrialización ambas partes necesitan. La normativa laboral, como sector específico del ordenamiento jurídico, nació para hacerse cargo de los problemas exclusivos de ese intercambio, apartándose deliberadamente de los principios de «igualdad de las partes contratantes» y de «abstención de la ley» en la regulación de las condiciones de prestación de servicio, que establece el Código Civil (Derecho Común) para el arrendamiento de servicios (que es la figura contractual más próxima).

Es obvia la situación de desequilibrio o desigualdad de fuerzas que normalmente se da entre trabajador y empresario, y es evidente también la necesidad de que la ley establezca una condiciones mínimas obligatorias. Esto explica la necesidad de contrato especial, el contrato de trabajo; a diferencia del arrendamiento de servicios, el contrato de trabajo es un contrato «intervenido» por la ley, y regulado especialmente por el Derecho del Trabajo.

Con todo, el Derecho del Trabajo sigue siendo una rama especial del Derecho común, al que acude como normativa supletoria para, en caso necesario, aplicar sus principios generales de interpretación y otras normas, conceptos, categorías y reglas (capacidad para contratar, comunidades de bienes, prueba y cumplimiento de las obligaciones, interpretación de los contratos, responsabilidades contractuales y extracontractuales, etc.).

Por último, el Derecho del Trabajo debe completarse con otras normas provinentes de otros sectores del ordenamiento:
– El Derecho constitucional (para establecer las fuentes del Derecho, la regulación de los derechos fundamentales, o de los principios de la política social, etc.).
– El Derecho mercantil y de sociedades (para la definición de empresa y grupo de empresas, para las relaciones de colaboración entre empresas, para la delimitación de los contratos mercantiles de prestación de servicios, para la regulación de los derechos de participación de los trabajadores en los órganos societarios, para la definición de las situaciones de quiebra y concurso de acreedores, etc.).
– El Derecho administrativo (para la organización y competencias de la Administración de trabajo, para la regulación de los procedimientos administrativos de carácter social, para el establecimiento de infracciones administrativas en el ámbito laboral, etc.).
– El Derecho penal y la legislación penitenciaria (para la delimotación de los «delitos laborales», o de las conductas en el mundo del trabajo que constituyen infracción penal, para regular el trabajo de penados, o el trabajo sustitutivo de la pena, etc.).
– El Derecho procesal y jurisdiccional (para acudir supletoriamente a la Ley de enjuiciamiento Civil, o a la Ley Orgánica del Poder Judicial).

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